El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha decidido desestimar el recurso interpuesto por Gestió d’Aigües d’Inca SLU contra el acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 2014, mediante el cual el Ayuntamiento renunció a la celebración del contrato de concesión de la gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Pluviales del municipio. Esta sentencia ha sido hecha pública por los miembros del equipo de gobierno Virgilio Moreno, alcalde de Inca; Antoni Rodríguez, teniente de alcalde de Cultura; Àngel García, teniente de alcalde de Hacienda; y Gori Ferrà, teniente de alcalde de Deportes. “Hoy es un día muy importante para Inca; es importante para el presente, pero también para el futuro, porque con esta sentencia se reconoce que el agua continuará como bien público”, ha declarado Moreno.
Con la sentencia, el Tribunal reconoce que los acuerdos que se adoptaron en 2014 no infringen el ordenamiento jurídico. A pesar de todo, aún se puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. “Aunque existe la posibilidad del recurso, los técnicos municipales nos han confirmado que esta acción puede tener poco recorrido, puesto que hay jurisprudencia que avala los argumentos de la actual sentencia”, ha explicado García. De este modo, el consistorio podrá prever inversiones en la red de agua con la certeza de que, con disponibilidad económica, se podrán llevar a cabo. Hay que recordar que en la presentación de los presupuestos municipales se anunció que una gran parte del dinero proveniente del superávit se podrán dedicar a los proyectos de mejora de la red de agua. Para el actual equipo de gobierno se trata de un tema grave para la ciudad y, además, este año empeora debido a la sequía.
En fecha de abril de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Inca acordó incoar expediente de contratación para la concesión de la gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Pluviales de Inca, ya que el equipo de gobierno de aquel momento consideró que esta modalidad de gestión era más favorable a los intereses municipales por varios motivos. Después de la tramitación del expediente, en fecha 23 de diciembre de 2013 se presentó al Pleno la propuesta de adjudicación del contrato. La insuficiencia de los recursos municipales para llevarla a cabo había quedado en entredicho el día 21 de diciembre de 2013, dos días antes del Pleno, cuando se publicó la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, que permite destinar el superávit financiero de las entidades locales a inversiones sostenibles. Así se llegó al Pleno de febrero de 2014, donde se acordó por unanimidad aprobar la propuesta conjunta de todos los grupos municipales para renunciar al expediente de contratación del Servicio de Agua Potable. Por otro lado, durante la presentación de hoy, los grupos que en la pasada legislatura estaban en la oposición –PSOE, MÉS per Inca e Independents– han recordado la campaña de recogida de firmas en contra de la privatización y del cierre de los regidores en el Ayuntamiento como protesta por la situación.
